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Tras un prolongado periodo de interinidad y de Gobierno en funciones, esta semana se produjo la investidura de Pedro Sánchez como futuro Presidente del Ejecutivo. Este nombramiento se produjo en buena medida gracias al acuerdo de Gobierno de coalición alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos. En dicho documento, aparecen las medidas que el futuro gobierno de coalición afirma que aplicará durante su legislatura.
Desde Gilmar sabemos de la importancia que tiene para el sector inmobiliario las medidas que se adopten desde el Gobierno de la nación y de su influencia en el devenir de este área de actividad. Por ello, queremos señalar las distintas medidas que para vivienda se plantean en este acuerdo.
Medidas en el alquiler
En el tema del alquiler, el principal núcleo de medidas van orientadas a frenar las subidas abusivas del alquiler (sic). Para ello se impulsará el desarrollo del nuevo índice de precios del alquiler que está elaborando el Ministerio de Fomento que permita establecer una metodología objetiva sujeta a revisión periódica de cómo evoluciona le mercado del alquiler y en base a eso establecer cuando se producen esas subidas abusivas.
Entre las medidas que se plantean que se puedan aplicar en caso de que tal subida abusiva se produzca está que los ayuntamientos y/o Comunidades Autónomas que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado.
En dicha zona (si así lo consideran ayuntamiento y/o Comunidades Autónomas) se podrán regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.
Un apartado aparte tiene el alquiler turístico para el que se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.
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Desahucios y sinhogarismo
Sobre las personas que carecen de vivienda, el documento de Gobierno contempla las siguientes disposiciones:
- Se aprobará una estrategia que aborde la problemática del sinhogarismo de forma integral desde el enfoque de derechos en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
- Se impulsarán medidas para asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad.
- Se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. Se estudiarán obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda. Se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional.
Dotación presupuestaria y vivienda social
Con el fin de garantizar un papel más protagonistas de las medidas en materia de vivienda dentro de la política social del país, el acuerdo señala la ampliación progresiva del presupuesto actual en materia de vivienda. En cuanto al parque público de vivienda social (recordemos que España está entre los países más a la cola en estas medidas) se contemplan las siguientes principales medidas:
Reorientación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación en coordinación con las comunidades autónomas, con el objetivo de configurar un parque de vivienda social o sujeta a protección, al servicio de las políticas públicas de vivienda. Para favorecer la promoción y el uso de vivienda de alquiler social, también se movilizará el suelo público que se encuentre disponible.
Se movilizará suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, con instrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler de los principales agentes (promotores públicos y privados, cooperativas y economía social entre otros) y estimularemos la oferta privada en alquiler.
Se establecerá un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda” y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico. Asimismo, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía.
